Martín Díaz / La Nube
Río Bravo, Tam.— La reciente adquisición de dos ambulancias por parte de la administración municipal que encabeza Miguel Ángel Almaraz vuelve a colocar sobre la mesa una práctica preocupante: el Ayuntamiento opera con la lógica de una empresa privada y no bajo los principios de legalidad y transparencia que rigen al servicio público.
Nadie discute que contar con ambulancias es una necesidad urgente y un beneficio social incuestionable. El problema no es qué se compró, sino cómo se compró. Hasta el momento, el Gobierno Municipal no ha hecho pública información básica que permita conocer si esta adquisición se realizó conforme a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.
La ilegalidad como “sello de la casa”
Para que la compra de estos vehículos fuera legítima y transparente, debieron cumplirse pasos mínimos que hoy no han sido aclarados públicamente:
- Licitación obligatoria. Al tratarse de vehículos especializados y de alto costo, la ley establece procedimientos de contratación que garanticen competencia, mejor precio y calidad. No se ha informado de ninguna convocatoria pública ni procedimiento de excepción debidamente justificado.
- Criterios de selección y costo real. Se desconoce bajo qué criterios se eligió al proveedor, cuál fue el monto total de la operación y qué condiciones contractuales se pactaron. La opacidad convierte al erario en una caja chica administrada discrecionalmente.
- Cumplimiento de la norma sanitaria. Tampoco se ha informado si las unidades cumplen con la NOM-034-SSA3-2013, requisito indispensable para que puedan operar legalmente como ambulancias y no solo como vehículos rotulados de traslado.
Mientras esta información no se haga pública, la compra queda en el terreno de la sospecha y no en el de la rendición de cuentas.
Regidores: ¿representantes o espectadores?
Más preocupante aún es el silencio del Cabildo. Los regidores, cuya función es fiscalizar y vigilar el ejercicio del gasto, parecen haber renunciado a su papel. La falta de cuestionamientos públicos ante estas compras directas plantea dos escenarios igual de graves: temor a incomodar al Ejecutivo municipal o una complicidad que permite que el presupuesto se ejerza sin controles reales.
Un Ayuntamiento no es una propiedad privada donde el alcalde decide a quién comprarle y cuánto pagar sin explicaciones. La ley no es opcional ni se suspende por buenas intenciones. El beneficio social de contar con ambulancias no justifica el atropello a las normas de transparencia y legalidad que rigen a todo servidor público.
Lo que falta no son explicaciones técnicas, sino documentos públicos: licitación, contratos, montos y dictámenes. Mientras eso no exista —o no se muestre—, la compra de ambulancias seguirá siendo un acto de buena intención envuelto en una mala práctica administrativa.
La pregunta sigue en el aire y es simple: ¿por qué, si todo se hizo conforme a la ley, el municipio no lo ha demostrado con documentos?
Ahí están los hechos, que cada quien saque sus conclusiones.
