Martín Díaz / La Nube
No hay sensación de impotencia más grande para un automovilista que llegar a su vehículo justo cuando la grúa ha comenzado las maniobras y encontrarse con la negativa rotunda de un operador que, más que buscar el orden vial, parece estar cazando una comisión. Durante años, este escenario ha sido el pan de cada día en Tamaulipas: una danza de arbitrariedades donde el arrastre se convierte en un castigo excesivo y no en una medida correctiva.
Por ello, la reciente acción legislativa de la Legislatura 66, impulsada por la diputada Magaly Deandar Robinson, no es solo una reforma técnica al Artículo 26 de la Ley de Tránsito; es un acto de justicia elemental ante un reclamo social que ya no aguantaba más.
La propuesta es clara y contundente: si el dueño o conductor está presente o llega antes de que la grúa inicie el traslado, la autoridad debe abstenerse de llevarse la unidad. Se aplica la infracción, sí, porque la falta existe, pero se elimina el cobro por maniobras o arrastre que tanto lacera la economía familiar. Como bien lo señaló la legisladora: «La autoridad cumple su deber cuando corrige con justicia, no cuando castiga sin necesidad».
Esta reforma pone el dedo en la llaga sobre un sistema que se había distorsionado. El tránsito debe ser un servicio para preservar el orden y la seguridad, no una maquinaria diseñada para generar cargas económicas desproporcionadas que solo alimentan la desconfianza hacia la autoridad.
Es un paso firme en defensa del bolsillo de los tamaulipecos. Ahora, el reto no solo estará en la aprobación, sino en la vigilancia ciudadana para que los «dueños de las grúas» entiendan que en Tamaulipas, la ley ya no permitirá que el abuso sea el motor de su negocio.
