Martín Díaz / La Nube
El alcalde Carlos Peña ha lanzado un reto a sus adversarios: “que no sean cu…”, que denuncien, que no se escondan y que hablen de la extorsión. El mensaje, cargado de confrontación, suena a valentía política, pero en la práctica se siente como un callejón sin salida para el ciudadano.
Al insistir en que “sin denuncia no hay delito que perseguir”, el alcalde se refugia en un tecnicismo legal que, aunque cierto en el papel, es una bofetada a la realidad. En una ciudad donde el miedo silencia negocios y hogares, pedirle a la víctima que dé el primer paso sin ofrecerle garantías reales es, simplemente, lavarse las manos.
Las estadísticas no mienten: en México, más del 90% de los delitos no se denuncian (la famosa «cifra negra»). La gente no calla por complicidad, sino por desconfianza en una autoridad que parece más ocupada en ganar discusiones que en dar resultados. Usar la falta de denuncias como escudo para la inacción gubernamental es ignorar el terror que vive el comerciante al abrir su cortina cada mañana.
La seguridad de Reynosa ha quedado atrapada en un juego de «la papa caliente». Mientras el municipio apunta al estado y el estado responde con distancia, el delincuente es el único que celebra el vacío de poder. Esta falta de coordinación no es un simple desacuerdo político; es una omisión de sus funciones básicas. La seguridad es una responsabilidad compartida, no una moneda de cambio para ver quién sale mejor librado en la prensa.
Además, el uso de un discurso agresivo y, a veces, vulgar no proyecta fuerza, sino desesperación. Los insultos no bajan los índices delictivos ni devuelven la paz a las calles. Al contrario, dinamitan los puentes necesarios para que los diferentes niveles de gobierno se sienten a trabajar en una estrategia real de inteligencia y persecución.
Al final del día, a la ciudadanía de Reynosa no le interesan los pleitos de políticos que parecen más interesados en el próximo puesto que en la próxima patrulla. Lo que la ciudad necesita es menos política de deslinde y más resultados de campo. Cuando el poder se usa únicamente para pelear, es el ciudadano quien termina pagando la factura con su tranquilidad, su patrimonio y, a veces, con su vida.
