Por: Martín Díaz / La Nube
En el servicio público, la ignorancia no es una excusa: es un riesgo. Cuando quien gobierna no comprende las funciones básicas del cargo, el problema deja de ser político para convertirse en un laberinto administrativo, financiero y legal. Eso es lo que refleja el mensaje de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo.
El edil reapareció en video para explicar qué pasó con la denuncia que él mismo promovió por el presunto desvío de 37 millones de pesos de administraciones anteriores. Lejos de ofrecer claridad, su postura exhibió un desconocimiento sobre la naturaleza del Ayuntamiento y las obligaciones reales de quien lo encabeza. Almaraz parece ignorar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es un mandato institucional que no admite interpretaciones a conveniencia.
Pagar al SAT no es un acto de heroísmo, es una obligación de continuidad institucional que dicta la ley. Al hacerlo, simplemente evitó incurrir en una falta administrativa propia por omisión de pagos fiscales. No obstante, al admitir públicamente que una denuncia por 37 millones “camina lento” sin demostrar acciones de coadyuvancia activa, el alcalde se coloca en un terreno peligroso: la responsabilidad por omisión según el artículo 49 de la citada Ley. Si una autoridad conoce un presunto delito y no impulsa el proceso procesal de forma adecuada, la indignación en redes sociales no sirve de nada ante una posible negligencia en la protección del patrimonio municipal.
Esta ligereza técnica resalta aún más frente al gasto actual. Mientras Miguel Ángel Almaraz señala los 37 millones del pasado como un desastre, guarda silencio sobre el costo de la reciente Feria municipal. Hasta ahora, no hay un desglose público, claro y verificable de los contratos y montos ejercidos, lo cual vulnera directamente el principio de Integridad y Rendición de Cuentas. La transparencia no es selectiva: aplica tanto para la deuda que se recibe como para el dinero que se gasta hoy.
Gobernar exige entender que el Ayuntamiento es una institución continua, no un proyecto personal. El uso de denuncias penales como plataformas de exhibición mediática podría derivar, al término de su mandato, en acusaciones de abuso de autoridad o simulación de actos jurídicos, si se demuestra que las querellas carecieron de sustento o fueron abandonadas tras obtener el impacto político deseado.
La transparencia es el único blindaje legal que el alcalde Almaraz tiene para no terminar rindiendo cuentas ante la misma Fiscalía que hoy menciona en sus videos. En el servicio público, la ignorancia es, sencillamente, la antesala de un mal gobierno que tarde o temprano tendrá que responder ante la ley.
