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Por: Martín Díaz / La Nube
¿Dónde quedaron los 37 millones de pesos que el alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado, junto con su Cabildo, denunció como el gran desfalco de las administraciones de Juan Diego Guajardo y Carlos Ulivarri? Esa es la pregunta que hoy nadie en la presidencia municipal de Río Bravo quiere responder.
La historia de esta simulación comenzó en agosto de 2024. En plena transición, los regidores alzaron la voz para exhibir un boquete financiero que incluía impuestos no pagados y desvíos descarados. Ya instalados en el poder, ratificaron la denuncia ante el Cabildo, prometiendo que no serían tapaderas de nadie. Sin embargo, el pasado 3 de julio de 2025, el alcalde decidió cerrar el tema públicamente. La duda es obligada: ¿Negoció solo su silencio o se llevó en el paquete de la impunidad a los regidores que lo acompañaron en la denuncia original?
No es un tema menor. La regidora Copitzi Hernández fue clara: el municipio sigue arrastrando un crédito fiscal millonario porque los de antes no pagaron, y hoy, la administración actual saca dinero de las cajas municipales para pagar multas en lugar de hacer obras. Pero tras el grito de justicia de hace un año, vino el silencio sepulcral. Decir ahora que «ya no es su tema» y dejarlo en manos de una Fiscalía que no avanza es, en los hechos, otorgar un perdón no autorizado por el pueblo.
Esta impunidad nos cuesta caro a todos. Si a los 37 millones de Río Bravo le sumamos los 911 millones de pesos no aclarados por Eduardo Gattás en Ciudad Victoria, el desfalco supera los mil millones de pesos ante la mirada indiferente de las autoridades.
Llegamos a un punto donde no hay medias tintas: O en el Congreso del Estado y en la Auditoría Superior son muy tontos, o son cómplices. No hay otra explicación. Es imposible que boquetes financieros de este tamaño pasen desapercibidos para los órganos que pagamos para vigilar cada peso de los tamaulipecos.
Mientras los alcaldes —los que entran, los que repiten y los que se van— se ponen de acuerdo en lo oscuro para no perseguirse, la infraestructura de nuestras ciudades colapsa. Río Bravo y Victoria son la prueba de que, en Tamaulipas, la fiscalización es un teatro donde los actores cambian, pero el robo siempre queda impune.
Los datos de la impunidad ahí están, que cada quién saque sus conclusiones.
