Por: Martín Díaz / La Nube
(Entrega 3 de 5)
Si usted camina hoy por Ciudad Victoria, el panorama es desolador: calles que parecen campos de batalla por los baches y esquinas convertidas en basureros públicos por camiones que nunca pasan. Ante esto, la respuesta del alcalde Eduardo Gattás siempre es la misma: “No hay presupuesto”. Pero los documentos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) cuentan una historia muy distinta y mucho más cínica.
En las entregas anteriores revelamos cómo la COMAPA Victoria prefiere pagar igualas de hasta 60 mil pesos mensuales a la Lic. María Santos González Villanueva —contrato autorizado por Hugo Fernando Silva Saldaña, primo del Secretario del Ayuntamiento— que invertir en el servicio. Sin embargo, ese millón y medio de pesos es apenas la punta del iceberg de un quebranto financiero no aclarado que asciende a 911 millones de pesos, según la propia ASE.
Hagamos un ejercicio de honestidad financiera. ¿Qué significa para usted, ciudadano, que falten 911 millones de pesos?
Significa que Victoria podría haber renovado sobradamente su flota de recolección de basura. Para dimensionar el tamaño del quebranto basta un ejercicio simple: con un costo promedio de entre 2.8 y 3.2 millones de pesos por camión recolector, los 911 millones de pesos no aclarados equivalen al valor de alrededor de 300 unidades. No se trata de una propuesta literal, sino de una referencia de escala que exhibe la magnitud del dinero desaparecido y lo que pudo haberse hecho con él.
Significa que no habría una sola colonia sin recolección de residuos, eliminando los focos de infección que hoy brotan por toda la ciudad.
Significa que el dinero para que Victoria estuviera limpia sí existió, pero se perdió en la opacidad de una administración que hoy prefiere atacar a la prensa que explicar el destino de los recursos.
La pregunta es simple y sigue sin respuesta: ¿en qué partida exacta se fueron esos 911 millones de pesos y quién autorizó su ejercicio?
Mientras desde la Presidencia Municipal se orquestan campañas para denunciar supuestas “guerras sucias” —intentando desviar la atención de los señalamientos de la ASE—, la realidad alcanza al gobierno en cada esquina de la ciudad. No es un ataque político exigir transparencia; es un derecho básico saber por qué, si el dinero estaba etiquetado, hoy la capital vive entre la basura.
La impunidad tiene un costo y lo pagamos nosotros. Cada vez que usted esquiva un bache o ve la basura acumulada afuera de su casa, recuerde los 911 millones de pesos que no han sido aclarados. El dinero no falta; sobra cinismo en las oficinas de la presidencia municipal.
Mañana, en nuestra cuarta entrega, analizaremos la lista de los municipios que, protegidos por el Congreso, siguen reprobando cuentas públicas sin que nadie pague las consecuencias.
Ahí están los hechos. Cada quien saque sus conclusiones.
