Martín Díaz / La Nube
La denuncia penal por la sustracción de agua interpuesta por la JAD de Matamoros contra el hoy alcalde, José Alberto Granados Fávila, cumple más de un año sin registrar avances públicos en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT).
El caso, que se formalizó el 6 de diciembre de 2023 con el Expediente N.º 066/2023 (ingresado ante la Agencia del Ministerio Público N.º 2) y en el que se señala a Granados Fávila como uno de los denunciados por el delito de Sustracción y Apropiación del Agua, se rige por las nuevas y severas leyes contra el huachicoleo hídrico, con penas que van hasta los 6 años de prisión.
Este expediente ha estado en un limbo legal, agravado por un evidente conflicto de intereses: el denunciado es ahora el Presidente Municipal y, por extensión, preside la JAD (la entidad ofendida que presentó la denuncia).
La llegada de Jesús Eduardo Govea Orozco como nuevo Fiscal General de Justicia (quien asumirá el 16 de diciembre) pone este caso en el centro de atención. La decisión de retomar el Expediente 066/2023 definirá si la justicia en Tamaulipas es real y aplica para todos, o si solo será para aquellos que no están cubiertos por el manto guinda de la impunidad política. La sociedad matamorense espera una señal contundente que demuestre el fin de la distinción política ante la ley.
