Martín Díaz / Periodismo con Firma
Mientras la mayoría de los aspirantes recurre a los tradicionales mítines, brigadas o espectaculares, la efervescencia por la Selección Mexicana abrió una nueva forma de promoción política. Aprovechando el entusiasmo mundialista, la senadora Maki Ortiz recorrió distintos municipios de Tamaulipas repartiendo miles de playeras verdes con la imagen de la Selección Mexicana, una estrategia que convirtió la pasión futbolera en promoción política.
La estrategia cumplió su propósito: llamar la atención. Ahora también merece explicar cómo fue financiada. Regalar playeras no tiene nada de extraordinario en política; lo extraordinario comienza cuando nadie puede explicar quién las compró o de dónde salieron. Las posibilidades son solamente dos, y ambas ameritan una explicación pública.
El dilema de los millones
La primera hipótesis es que las playeras fueran originales. Si ese fuera el caso, estaríamos hablando de una inversión que difícilmente pasaría inadvertida. Adidas es la empresa licenciataria y fabricante oficial del uniforme de la Selección Mexicana, y una camiseta auténtica puede alcanzar en el mercado precios cercanos a los dos mil pesos, dependiendo de la versión. Es cierto que una compra por volumen reduce considerablemente el costo, pero repartir miles de prendas oficiales seguiría representando una inversión de varios millones de pesos.
Y ahí aparece la pregunta que realmente importa: ¿quién pagó las playeras?
Cuando una servidora pública despliega una estrategia de promoción de esa magnitud, el origen de los recursos deja de ser un asunto personal. Si la operación fue financiada con recursos propios, no debería existir inconveniente en explicarlo. Si participaron terceros, también sería pertinente conocer quiénes son y bajo qué esquema realizaron esas aportaciones.
La otra posibilidad
Existe un segundo escenario: que las playeras no fueran productos oficiales.
Personas familiarizadas con la comercialización de este tipo de prendas han señalado diferencias en algunos acabados y, sobre todo, en la forma en que fueron distribuidas. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que las camisetas eran entregadas en bolsas de plástico transparentes, una presentación distinta a la que habitualmente acompaña un producto oficial.
Ese elemento, por sí solo, no demuestra que las prendas sean apócrifas; afirmarlo sin un análisis técnico sería irresponsable. Sin embargo, sí justifica preguntas razonables: ¿Quién fue el proveedor? ¿De dónde salieron miles de playeras con la imagen de la Selección Mexicana? ¿Se verificó que fueran productos autorizados?
De confirmarse que la mercancía no era oficial, podrían generarse responsabilidades conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, una situación especialmente delicada tratándose de una integrante del Poder Legislativo Federal.
El callejón sin salida
Lo cierto es que cualquiera de los dos escenarios conduce al mismo punto. Si las playeras eran originales, corresponde explicar el costo y el financiamiento de una operación de esa magnitud; si no lo eran, resulta indispensable aclarar el origen de la mercancía utilizada para promover una aspiración política.
La respuesta sólo la tiene Maki Ortiz. Mientras esa explicación transparente no llegue a los ciudadanos, la sospecha seguirá flotando sobre sus recorridos y la pregunta continuará siendo la misma: ¿quién pagó la verde?
Ahí están los hechos. Que cada quién saque sus conclusiones.
