Martín Díaz / Periodismo con Firma
La política mexicana ha dejado de ser un asunto doméstico para convertirse en un expediente criminal en el extranjero. La reciente acusación formal del gobierno de Estados Unidos, que señala a México como un narcogobierno, ha dejado de ser una advertencia para transformarse en una realidad judicial. Mientras Washington solicita la extradición de Rubén Rocha Moya —gobernador con licencia de Sinaloa acusado de consolidar su poder bajo el cobijo de grupos criminales—, los ecos de la «narcodemocracia» denunciada ante la OEA en 2021 cobran una vigencia aterradora. En el centro de esta tormenta aparece la senadora Maki Ortiz Domínguez, cuya posición hoy se tambalea bajo el peso de la sospecha internacional.
El Veredicto de 2021: Una Advertencia Validada por EU
Lo que hoy Estados Unidos tipifica como un Estado infiltrado por el crimen, fue denunciado con precisión en agosto de 2021. Los líderes nacionales de la oposición —Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD)— entregaron a Luis Almagro, secretario general de la OEA, un expediente detallado que señalaba la intervención de la facción de “Los Chapitos” en la elección de Sinaloa.
Aquel documento, que el oficialismo intentó enterrar, hoy es la base de la acusación estadounidense que sostiene que el escaño de Rocha Moya fue una concesión del narcotráfico. Este mismo patrón de sospecha alcanza ahora al «modelo potosino» del Partido Verde (PVEM), la plataforma que rescató a Maki Ortiz tras su fracaso electoral.
El Informe Potosino: Lavado de Dinero y Validación Federal
Lo que en 2021 fue denunciado ante la OEA como el «laboratorio potosino» de dinero ilícito, se convirtió en 2024 en la red de seguridad de la exalcaldesa de Reynosa. A diferencia de otros estados, el informe sobre San Luis Potosí apunta directamente al perfil del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Según lo revelado por El Universal, el documento menciona antecedentes judiciales y una campaña marcada por el flujo de recursos de procedencia ilícita.
El texto sostiene que el mandatario potosino llegó al poder bajo una sombra de investigaciones por lavado de dinero y vínculos criminales, siendo un ejemplo de cómo personajes cuestionados por la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fueron validados para competir y ganar. De acuerdo con la denuncia ante la FGR citada en el informe, esta estructura se hallaba relacionada directamente con un grupo criminal; hoy, esa misma estructura es la que ampara la curul de Maki Ortiz.
El Rechazo Ciudadano y el «Rescate» Plurinominal
En las urnas de Tamaulipas, la realidad para Maki Ortiz fue demoledora: su candidatura por el PVEM fue enviada a un humillante cuarto lugar, obteniendo apenas 99,336 votos, equivalentes a un raquítico 5.58% de la votación total en la entidad. Ignorando este contundente desprecio de los tamaulipecos, la cúpula del Verde activó un «plan de rescate» vía la Lista Nacional, otorgándole un escaño que no ganó en la calle, sino mediante una negociación con la estructura potosina de Gallardo Cardona.
Conclusión: ¿Representación o Concesión del Narcogobierno?
¿Qué tan legítimo es el puesto que hoy disfruta Maki Ortiz si los cimientos de su plataforma política son parte del ecosistema que la justicia estadounidense hoy define como un narcogobierno? La senadora preside comisiones federales, pero lo hace sobre los restos de una votación marginal en su estado y bajo el amparo de un «padrinazgo» potosino marcado por la sospecha de lavado de dinero y vínculos criminales documentados ante la OEA.
Al final, la capacidad de negociación con estructuras señaladas por la UIF y la OEA pesó más que el veredicto de las urnas. Mientras Sinaloa enfrenta la posibilidad de una desaparición de poderes por su infiltración criminal, el caso de Maki Ortiz nos recuerda que, en el México de hoy, se puede llegar al Senado incluso con el rechazo del pueblo, siempre y cuando se tenga la bendición de las estructuras que el mundo hoy señala como cómplices del crimen.
Ahí están los hechos, que cada quién saque sus conclusiones.
