Mientras Tamaulipas enfrenta una crisis hídrica generalizada, miles de familias pagan hasta 65 pesos por un garrafón. Lo paradójico es que México ya demostró que el agua purificada puede distribuirse a cinco pesos —e incluso de forma gratuita— cuando el interés público está por encima del negocio.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
El mapa de Tamaulipas se seca a fuego lento. Desde la frontera hasta el sur, pasando por la zona central, la sequía mantiene bajo presión el suministro y obliga a miles de familias a enfrentar cortes, baja presión o un servicio cada vez más incierto. Mientras tanto, un negocio paralelo florece con escandalosa normalidad en todo el territorio estatal: la venta de agua purificada en garrafones, cuyo precio ya alcanza entre 50 y 65 pesos por unidad.
La paradoja es tan evidente como inquietante. Mientras los organismos operadores advierten que la disminución del caudal de los ríos, el abatimiento de los sistemas lagunarios y los bajos niveles de las presas comprometen cada vez más el abastecimiento público, el mercado del agua purificada continúa creciendo sin sobresaltos. La respuesta no está únicamente en la falta de lluvia, sino también bajo tierra y en la opacidad con la que históricamente se ha administrado una parte importante del agua subterránea en la entidad.
El negocio del subsuelo
Estamos frente a un fenómeno que, sin ser necesariamente clandestino, produce un efecto muy parecido al huachicol: enormes volúmenes de agua cuya extracción y destino permanecen lejos del escrutinio público.
Las empresas dedicadas a la extracción y comercialización de agua para consumo humano operan mediante títulos de concesión otorgados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pero la gran pregunta sigue siendo si los volúmenes efectivamente extraídos coinciden con los reportados y si la supervisión resulta suficiente para garantizar que la explotación de los acuíferos no rebasa los límites autorizados.
Durante años, especialistas y organismos relacionados con la gestión hídrica han advertido que la sobreexplotación de los acuíferos es una bomba de tiempo hídrica. Si el agua es un bien de la Nación, también debería ser pública la información sobre cuánto se extrae, quién la extrae y bajo qué mecanismos se verifica el cumplimiento de las concesiones.
Antes de perforar nuevos pozos o anunciar grandes obras faraónicas, habría que responder una pregunta elemental: ¿cuánta agua se está extrayendo realmente de los acuíferos tamaulipecos y quién verifica que esa explotación respete los límites autorizados? Sin una auditoría integral de los pozos concesionados en el estado, cualquier estrategia para enfrentar la crisis hídrica corre el riesgo de administrar la escasez sin atender sus verdaderas causas.
El recuerdo de los «molinitos»
No se trata de inventar un modelo nuevo. En el norte del estado, Reynosa ya vivió una experiencia similar durante la administración de Ernesto Cantú con los llamados «molinitos», módulos de agua purificada instalados en escuelas que abastecían gratuitamente a los alumnos y vendían garrafones al público a precios muy por debajo del mercado. El programa demostró que era posible garantizar agua de calidad sin convertirla en un negocio de altos márgenes de ganancia, pero la presión de los barones del agua embotellada terminó por asfixiar el proyecto hasta desaparecerlo.
Aquella idea no quedó en el pasado ni es exclusiva de una región. Hoy la Ciudad de México distribuye garrafones de 20 litros mediante el programa Agua Bienestar a un precio de cinco pesos, mientras que en la propia capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, el programa AMA comenzó con centros de rellenado gratuito para familias beneficiarias. Son ejemplos claros de que sí existen alternativas institucionales para reducir el costo del agua cuando el interés social prevalece sobre el comercial.
El costo de la escasez
La diferencia para la economía familiar sería enorme. Hoy un hogar promedio en el estado, que consume alrededor de cuatro garrafones por semana, desembolsa entre 800 y 1,040 pesos mensuales únicamente para beber y cocinar. Un esquema público inspirado en los «molinitos», Agua Bienestar o AMA reduciría ese gasto a una fracción, liberando cientos de pesos cada mes para alimentación, medicamentos o educación.
La sequía es un fenómeno natural. Convertir el acceso al agua potable en un negocio de lujo es una decisión humana. Si en México ya existen programas capaces de ofrecer un garrafón por cinco pesos —e incluso gratuitamente para los sectores más vulnerables—, resulta inevitable preguntarse por qué en Tamaulipas sigue costando hasta trece veces más.
La existencia de programas de bajo costo en otras entidades deja sin excusas a Tamaulipas. El verdadero huachicol del agua no requiere de tomas clandestinas ni mangueras ocultas; se consuma a plena luz del día, cuando el Estado permite que un derecho de todos termine convertido en el negocio privado de unos cuantos.
