Martín Díaz / Periodismo con Firma
En Tamaulipas, la distancia entre el discurso parlamentario y la realidad del campo se mide hoy en la propagación de una plaga que no entiende de agendas políticas. El gusano barrenador ya genera focos de infestación documentados y amenaza una de las principales columnas económicas del estado: la ganadería. No es un riesgo hipotético. Es una crisis activa que ya impacta la productividad y comienza a imponer restricciones en la movilidad del ganado en una entidad cuya frontera es, históricamente, la puerta de entrada y salida del comercio pecuario nacional.
Frente a eso, la respuesta desde el Congreso local no refleja la urgencia del problema.
En la sesión ordinaria del 18 de marzo, el diputado Gerardo Peña Flores presentó un Punto de Acuerdo para atender la miasis. El documento es claro —y así consta en la síntesis oficial de la sesión—: la propuesta consiste en una campaña de información, detección y contención enfocada en animales de compañía, específicamente perros y gatos.
El dato no admite interpretación.
El problema no es la acción, sino su alcance. La miasis por gusano barrenador es una contingencia zoosanitaria que impacta directamente al ganado, compromete la producción pecuaria y pone en riesgo mercados de exportación vitales para la economía fronteriza. Atenderla desde un enfoque limitado a las mascotas deja fuera el núcleo del daño y desprotege a quienes sostienen la soberanía alimentaria del estado.
El contraste es evidente. En esa misma sesión legislativa se desahogaron reformas legales, dictámenes administrativos y asuntos conmemorativos. La agenda avanzó sin sobresaltos. El problema sanitario también. No hay, hasta ahora, una respuesta integral y urgente desde el Poder Legislativo frente a una contingencia que no opera bajo tiempos políticos.
El origen del problema tampoco es reciente. Durante años, especialistas y productores advirtieron sobre los riesgos de debilitar los controles sanitarios y reducir la vigilancia epidemiológica en el sector pecuario. La disminución de capacidades en instancias como el sistema nacional de sanidad agroalimentaria no tiene efectos inmediatos, pero sí acumulativos. Cuando fallan los cercos por criterios de austeridad mal aplicados, el impacto llega irremediablemente al campo.
Hoy está ocurriendo.
En ese contexto, la actuación política debería centrarse en contener, coordinar y resolver. Sin embargo, la mayoría legislativa de Morena mantiene el tema fuera del centro de la agenda, mientras la oposición del PAN intenta posicionarlo sin la dimensión técnica ni la urgencia que la situación exige. El resultado es un vacío; un Congreso que administra tiempos frente a un problema que no los respeta.
El gusano avanza en el campo. La simulación avanza en el Congreso. Y entre ambos, el que pierde es Tamaulipas.
