Martín Díaz / Periodismo con Firma
El Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes tiene dos versiones, dependiendo de las necesidades políticas y judiciales de Carlos Peña Ortiz.
Cuando el alcalde enfrentó una orden de aprehensión, el IRCA fue parte central de su defensa. En su demanda de amparo se presentó como titular de un organismo público descentralizado y sostuvo que esa condición le otorgaba inmunidad procesal, por lo que no podía procederse penalmente en su contra sin que antes el Congreso de Tamaulipas emitiera una declaración de procedencia.
Para acreditar su relación con el instituto, Carlos Peña citó el Reglamento Interior del IRCA, su nombramiento, el acta de instalación de la Junta Directiva del 17 de diciembre de 2021 y la primera sesión celebrada el 4 de febrero de 2022.
Entonces no tuvo dudas: era titular del organismo y su posición dentro del IRCA debía ser reconocida por la justicia federal.
La historia cambió cuando Carlos Peña respondió a la publicación de una columna que documentó los contratos celebrados durante el gobierno de su madre, Maki Ortiz, con empresas vinculadas al entorno de los hermanos Carmona.
Carlos Peña respondió que el IRCA no es administrado por el alcalde, que los presidentes municipales no intervienen en sus asuntos administrativos y que sus directivos no dependen del gobierno municipal. Después pidió que fueran esos funcionarios quienes respondieran por las contrataciones de 2018.
Para el amparo, Carlos Peña estaba dentro del IRCA. Para la rendición de cuentas, resulta que los alcaldes están fuera.
El argumento pretende convertir al instituto en una oficina sin relación con la Presidencia Municipal, pero el propio reglamento utilizado por Carlos Peña para defenderse establece que la Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno del IRCA y que la persona titular de la Presidencia Municipal de Reynosa encabeza esa Junta.
No se trata de una interpretación periodística. Es la misma estructura jurídica que Carlos Peña invocó cuando buscaba frenar las consecuencias de una orden de aprehensión.
Durante 2018, cuando Maki Ortiz era alcaldesa de Reynosa y, por disposición reglamentaria, encabezaba la Junta Directiva del IRCA, el instituto celebró tres contratos con Grupo Industrial Permart, empresa representada en esos procedimientos por Julio César Carmona Angulo.
Los contratos IRCA006/CON/2018, IRCA009/CON/2018 e IRCA010/CON/2018 sumaron 777 mil 356 pesos con 42 centavos. Además, aparece un cuarto contrato con Servicios Industriales SIGSA por 347 mil 822 pesos con 36 centavos.
En conjunto, las cuatro operaciones superaron un millón 125 mil pesos.
Los procedimientos también presentan una coincidencia que merece ser explicada: Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y Servicios Industriales SIGSA se repetían como participantes. Cambiaba la empresa favorecida, pero las invitadas eran prácticamente las mismas.
Frente a esos documentos, Carlos Peña aseguró que “nosotros nunca hicimos tratos con esa gente” y agregó que fueron de los pocos que no llegaron a acuerdos con los Carmona. También afirmó que, cuando esas personas lo buscaron acompañadas por un particular y funcionarios del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, las mandó “a volar”.
Pero Carlos Peña no era alcalde en 2018. La presidenta municipal era Maki Ortiz. Por eso su respuesta en plural no es un detalle menor. Al decir “nosotros”, el alcalde no sólo habla de su actuación personal, sino que pretende deslindar también al gobierno de su madre y al grupo político que ha gobernado Reynosa desde 2016.
Los contratos contradicen esa postura. Durante la administración de Maki Ortiz, el IRCA sí tuvo una relación contractual con Permart, representada por Julio César Carmona Angulo. Negarlo no cambia los documentos, y trasladar toda la responsabilidad a los directivos del instituto tampoco elimina la relación de la Presidencia Municipal con su máximo órgano de gobierno.
Carlos Peña también sostuvo que existen videos, transferencias y testigos sobre políticos, periodistas y otras personas que habrían recibido apoyo o alcanzado acuerdos con los Carmona. Si posee esas pruebas, debe presentarlas ante la autoridad y señalar a los responsables. Lo que no puede hacer es utilizarlas como cortina de humo para evitar responder por los contratos exhibidos.
El alcalde intentó cerrar la discusión asegurando que los documentos son públicos, que ya fueron publicados varias veces y que se trata de una noticia vieja. Sin embargo, la antigüedad de un contrato no lo convierte en inexistente. Tampoco responde quién propuso a las empresas, quién autorizó las adjudicaciones, quién verificó los servicios y por qué los mismos proveedores se repetían en los procedimientos.
Carlos Peña utilizó su condición dentro del IRCA cuando le sirvió para buscar protección judicial y ahora pretende desconocer la relación de la Presidencia Municipal con el instituto para sostener que nunca tuvieron tratos con los Carmona y que ellos los mandaron a volar.
Los contratos contradicen esa versión. Permart aterrizó en el IRCA y firmó tres contratos por más de 777 mil pesos.
Para ampararse, Carlos Peña se asumió como titular del instituto; para rendir cuentas, resulta que el IRCA no tenía nada que ver con ellos. Las dos versiones no pueden ser ciertas.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
