Por Martín Díaz / Periodismo con Firma
Las declaraciones de Gloria Molina volvieron a colocar sobre la mesa los contratos otorgados a empresas vinculadas con los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo.
La exsecretaria de Salud aseguró que Francisco García Cabeza de Vaca ordenó contratar a esas compañías durante su gobierno. El señalamiento es grave y debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, incluyendo la responsabilidad de quienes recibieron las órdenes, tramitaron las adjudicaciones y firmaron los documentos.
Gloria Molina puede señalar al exgobernador, pero no puede colocarse fuera del expediente, porque los contratos fueron celebrados durante su gestión. Haber obedecido una instrucción superior podrá explicar algunas decisiones, pero no elimina las responsabilidades administrativas o legales que pudieran acreditarse.
Hasta ahí, nada que discutir: que se investigue y se castigue a quien resulte responsable.
El problema comienza cuando toda la fuerza institucional se dirige hacia el gobierno anterior, mientras otros casos relacionados con las mismas empresas permanecen guardados en el cajón.
En Reynosa, Maki Ortiz reconoció públicamente que el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes tuvo una relación contractual con Grupo Industrial Permart. No fue una acusación de sus adversarios ni una interpretación periodística. La propia exalcaldesa admitió que los contratos existieron, aunque después trasladó la responsabilidad al entonces director del IRCA, José Luis Hernández, bajo el argumento de que el instituto era un organismo descentralizado con autonomía jurídica y patrimonio propio.
El deslinde resulta demasiado cómodo, porque el IRCA no funcionaba como un gobierno separado del Ayuntamiento. Su Junta Directiva era presidida por quien ocupaba la Presidencia Municipal y, durante 2018, adjudicó cuatro contratos por un millón 125 mil 177 pesos.
En esos procedimientos participaron Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y Servicios Industriales SIGSA, empresas vinculadas públicamente con el entorno empresarial de los Carmona. Las mismas tres compañías fueron invitadas a competir en las cuatro adjudicaciones; Permart ganó tres contratos y SIGSA obtuvo el restante.
Maki Ortiz reconoció una relación contractual que merece ser investigada. Corresponde establecer quién propuso a las empresas, quién autorizó las invitaciones, cómo fueron evaluadas sus cotizaciones y por qué las mismas compañías aparecieron repetidamente como supuestas competidoras.
También tendría que explicarse por qué los expedientes completos de 2018 ya no pueden consultarse con facilidad en la página de transparencia del IRCA.
Si las declaraciones de Gloria Molina son suficientes para revisar los contratos de la Secretaría de Salud, el reconocimiento de Maki Ortiz debería bastar para abrir los expedientes del instituto que funcionó durante su gobierno municipal.
En Ciudad Victoria aparece otra historia que tampoco ha sido aclarada.
Eduardo Gattás utilizaba una Chevrolet Tahoe 2021 que, de acuerdo con documentos difundidos por diferentes medios de comunicación, aparecía a nombre de Grupo Industrial Permart. Cuando el asunto se hizo público, el alcalde aseguró que la camioneta era suya.
Su respuesta no aclaró el caso; abrió una contradicción todavía mayor. Si el vehículo realmente le pertenecía, tendría que existir una compraventa, un comprobante de pago y una transferencia legal de propiedad que explicaran cómo una unidad registrada a nombre de Permart terminó en manos del presidente municipal de Victoria.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas citó a Gattás para que explicara la propiedad y el origen del vehículo. Posteriormente volvió a requerirlo dentro de una investigación que también contemplaba una propiedad en la playa.
Años después, no se conoce públicamente una resolución que determine si Gattás acreditó la compra, si la investigación continúa abierta o si el expediente fue archivado. La autoridad simplemente dejó de informar y el silencio terminó estacionado junto con la camioneta.
Gattás asumió públicamente la propiedad de un vehículo que los documentos difundidos atribuían a una empresa relacionada con los Carmona. Esa contradicción sigue esperando una explicación oficial.
Las declaraciones de Maki Ortiz y Eduardo Gattás son políticamente más comprometedoras que el señalamiento de Gloria Molina, porque ella habló de órdenes recibidas de otra persona, mientras ellos reconocieron hechos que los involucraban directamente: Maki aceptó la relación contractual del IRCA con Permart y Gattás reclamó como propia la camioneta atribuida a esa empresa.
Investigar los contratos del IRCA y transparentar el resultado del expediente sobre la Tahoe no debilitaría las acusaciones contra Cabeza de Vaca. Por el contrario, demostraría que las autoridades buscan esclarecer la red completa y no solamente utilizar una parte del escándalo para golpear a sus adversarios.
Investigar los contratos de Cabeza de Vaca es una obligación; mantener cerrados los expedientes que alcanzan a Maki Ortiz y Eduardo Gattás sería complicidad.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
