Lo que parecía un golpe mediático contra la administración anterior podría abrir una revisión de décadas de operaciones inmobiliarias en Miramar, incluida la etapa en que el entonces priista Erasmo González formó parte del gobierno municipal.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
Playa Miramar es promocionada como “la playa de todos”, aunque durante años algunos la entendieron como la playa de unos cuantos.
Erasmo González Robledo denunció que doce terrenos federales, equivalentes a casi 12 hectáreas, fueron escriturados como propiedad privada. Algunos incluso habrían sido ofrecidos en Facebook hasta en 7 mil pesos por metro cuadrado.
Según el alcalde, precisamente una publicación en esa red social permitió descubrir el caso.
Lo extraño es que Erasmo tuviera que enterarse por Facebook de algo que ya estaba registrado en el Catastro de su propio gobierno.
El Ayuntamiento sostiene que particulares utilizaron concesiones federales para obtener escrituras y registrar los terrenos como propios. También habría encontrado supuestos juicios civiles inexistentes y documentos atribuidos a un organismo de mejoras desaparecido desde 1978.
Para escriturar y registrar esos terrenos debieron intervenir particulares, notarios, funcionarios de Catastro y servidores públicos del Registro Público de la Propiedad. Los expedientes deben permitir identificar qué hizo cada uno.
Sin embargo, Erasmo presentó la ubicación de los terrenos, pero se guardó los nombres de quienes aparecen como propietarios.
En la información pública revisada no están identificados los notarios que elaboraron las escrituras, los funcionarios que asignaron las claves catastrales ni quienes autorizaron las inscripciones.
Tampoco aparecen los números de las denuncias presentadas contra los involucrados.
La historia de las operaciones inmobiliarias en Miramar no comenzó en 2024. El Diario Oficial de la Federación documenta que entre 2010 y 2017 se emitieron por lo menos siete acuerdos para desincorporar terrenos ganados al mar y autorizar su venta a particulares y empresas.
En conjunto, esas autorizaciones abarcaron más de 18 mil 200 metros cuadrados. No significa que todas las ventas se consumaran: una de esas autorizaciones fue posteriormente abrogada. Pero una sola operación contemplaba más de 8 mil 500 metros cuadrados.
La solicitud para desincorporar y adquirir esa superficie fue presentada ante la Semarnat el 3 de abril de 2007, durante la administración municipal de Guadalupe González Galván.
En ese gobierno, Erasmo González fue contralor, comisario del DIF y tesorero municipal.
La autorización correspondía a la Federación y fue publicada hasta 2011. Pero como la solicitud se presentó durante la administración de González Galván, corresponde a él y a Erasmo aclarar si el Ayuntamiento entregó permisos, claves catastrales, constancias u opiniones para respaldar aquella operación.
Estos antecedentes no demuestran por sí mismos un saqueo ni vinculan aquella operación con los doce predios denunciados ahora. Se trata de procedimientos distintos, que deben revisarse por separado.
Lo que sí muestran es que una revisión histórica no puede comenzar y terminar en la administración anterior.
Si el alcalde quiere aclarar cómo pasaron terrenos de Miramar a manos privadas, tendrá que revisar también el gobierno del que él mismo formó parte.
Debe informar cuáles terrenos fueron desincorporados y vendidos legalmente, cuáles terminaron registrados como propiedad privada sin autorización federal y cuántas hectáreas han pasado a manos particulares durante las últimas décadas.
La revisión debe alcanzar a todos los beneficiarios, sin importar sus relaciones políticas ni si alguna vez compartieron proyectos con el actual alcalde.
Lo que no puede hacer Erasmo es exigir cuentas a sus adversarios y dejar fuera de la revisión las administraciones donde participaron él o sus antiguos aliados.
Por eso ya fueron solicitados al Ayuntamiento de Ciudad Madero, al Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas y a la Semarnat los expedientes, escrituras, concesiones y nombres relacionados tanto con esos doce predios como con los antecedentes históricos de los terrenos de Playa Miramar.
Erasmo ya puso el tema en los medios. Ahora debe presentar las denuncias y promover las investigaciones correspondientes para que se castigue parejo a quienes hayan lucrado ilegalmente con el patrimonio público, sean adversarios, antiguos aliados o funcionarios de su propio gobierno.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
