Martín Díaz / Periodismo con Firma
El DIF fue creado para atender a niños, adultos mayores y familias vulnerables. Pero la nobleza de su propósito no convierte el presupuesto en un cheque en blanco: exige cuidar y explicar cada peso.
Eso no parece ocurrir en diez contratos firmados por el DIF Reynosa durante el primer trimestre de 2026. En tres meses, el organismo asignó 6.7 millones de pesos a un solo proveedor: Roberto Uriel Martínez Miguel.
Los folios van del 037 al 046, todos firmados el 1 de enero y vigentes hasta el 31 de marzo. Un proveedor para todo: intendencia, vigilancia, mantenimiento, limpieza, psicología, trabajo social y asesoría jurídica.
La revisión revela que algunos contratos prácticamente se repiten:
Folios 039 y 040: Corresponden a intendencia durante febrero, con el mismo proveedor, mes y monto: 665 mil pesos cada uno.
Folios 041 y 042: Repiten la fórmula en vigilancia del CAMEF, por 604 mil pesos cada uno.
Patrón detectado: Mismo servicio, mismo mes, mismo precio. Sólo cambia el número de folio.
En ocho de los diez contratos aparece el mismo precio base: 52 mil 124 pesos con 76 centavos. La cifra se utiliza tanto en contratos de limpieza como en el folio 037, destinado a psicología, trabajo social y asesoría jurídica para menores migrantes. Ese expediente no incluye nombres de profesionistas, cédulas profesionales, horarios ni cantidad de personal contratado. Tampoco muestra cómo se acreditó la capacidad técnica del proveedor para servicios tan especializados.
Los 6.7 millones de pesos están perfectamente anotados. Lo que no aparece es quién realizó el trabajo.
El folio 037 presenta además una contradicción en el procedimiento utilizado: en la base de transparencia figura como adjudicación directa, pero el contrato afirma que fue otorgado mediante invitación a cuando menos tres personas. Por su parte, el folio 046 dice “vigilancia” en el objeto del contrato, pero en el desglose aparece “intendencia”.
Tampoco queda claro el origen de los recursos. Transparencia reporta fondos municipales, mientras los contratos hablan de recursos federales del Ramo 28 y los llaman “Fondo de Aportaciones”. La descripción mezcla dos conceptos distintos: el Ramo 28 corresponde a participaciones y el Ramo 33 a aportaciones.
La Auditoría Superior del Estado tiene competencia para fiscalizar al organismo y, si se confirma el uso de recursos federales, también podría intervenir la Auditoría Superior de la Federación. La propia Comisaría del DIF tenía además facultades para realizar inspecciones y comprobar el cumplimiento del servicio.
Al frente del organismo se encuentra Carlos Luis Peña Garza, presidente del Patronato. La directora general, Gabriela Margarita Rosas Blanco, firmó los diez contratos. Ambos deberán explicar la división de servicios, las listas de personal y los informes de supervisión que hoy no aparecen en los expedientes.
Diez contratos consecutivos, un solo proveedor y 6.7 millones de pesos comprometidos en tres meses.
Dos contratos de intendencia prácticamente iguales.
Otros dos de vigilancia con el mismo patrón.
Ocho expedientes con el mismo precio base.
Un contrato que no aclara si pagó vigilancia o limpieza.
Y dos versiones diferentes sobre el origen del dinero.
Son demasiadas coincidencias, omisiones y contradicciones para despacharlas como simples errores de captura. El DIF tiene que explicar qué compró, a quién le pagó y cómo comprobó que los servicios fueron realizados.
El origen noble del organismo no puede servir de pretexto para manejar sus recursos en la opacidad. Al contrario: quienes administran dinero destinado a los más vulnerables están, más que nadie, obligados a transparentar cada peso que entra y cada peso que sale.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
