Martín Díaz / Periodismo con Firma
Cuando Maki Ortiz llegó a la Presidencia Municipal de Reynosa en 2016 encontró entre los contratos heredados uno particularmente cercano a la familia: el Ayuntamiento rentaba desde 2014 el edificio ubicado en Zaragoza 496, donde funcionan las oficinas de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, propiedad de Bertha Isabel Peña Garza, hermana de Carlos Peña Garza, esposo de la entonces alcaldesa y padre del actual presidente municipal.
El contrato venía de la administración anterior, pero con Maki en la alcaldía adquirió otra dimensión. El municipio rentaba un edificio privado a una integrante de la familia de quien encabezaba el Ayuntamiento.
El asunto llegó al Cabildo en marzo de 2017.
La Secretaría de la Función Pública, consultada sobre la renovación del contrato, dejó asentado que la propietaria era Bertha Isabel Peña Garza, que existía una relación familiar por afinidad con Maki Ortiz y recommended que la alcaldesa se excusara de conocer el asunto para evitar incurrir en un “posible conflicto de intereses”.
Maki lo reconoció ante el Cabildo. Se excusó de participar porque uno de los bienes arrendados por su administración pertenecía a “un familiar político” suyo.
La regidora Georgina “Gina” Aparicio Hernández fue más directa. Preguntó si al aprobar el arrendamiento del inmueble de Relaciones Exteriores, siendo propiedad de un familiar de Maki Ortiz, “ahí no estamos violando nada”.
La respuesta del regidor José Alfonso Peña Rodríguez dejó otro dato que hoy cobra relevancia: sostuvo que no encontraba violación porque Maki ya se había excusated y recordó que el edificio llevaba años rentándose y que “se ha invertido mucho en él”.
Eso fue en 2017.
Dos años después, en el Programa Anual de Obras de 2019, aparecerían otros 4 millones 765 mil 702 pesos presupuestados para remodelar el edificio.
El parentesco era conocido, el posible conflicto de intereses había sido advertido y hasta en el Cabildo se cuestionó la operación.
La renta continuó. Y la inversión pública también.
Los años pasaron, Maki Ortiz concluyó su gobierno y en 2021 llegó a la Presidencia Municipal su hijo, Carlos Peña Ortiz. La relación comercial alrededor de Zaragoza 496 sobrevivió al relevo.
Para 2023, el Ayuntamiento tenía autorizada una renta de 140 mil 920 pesos mensuales más IVA. En 2024 volvió a aprobarse la misma cantidad, equivalente a un millón 961 mil 606 pesos con 40 centavos anuales, IVA incluido.
Solamente esos dos años representan casi cuatro millones de pesos.
Si agregamos los 4 millones 765 mil pesos presupuestados para la remodelación y otro ejercicio reciente de renta al mismo nivel documentado, la historia rebasa ya los 10 millones de pesos entre rentas y recursos públicos presupuestados alrededor del inmueble.
Y eso sin sumar todavía todos los años en que el Ayuntamiento ha pagado por utilizar la propiedad.
La cuenta completa puede ser bastante mayor.
Después de prácticamente una década de gobiernos encabezados primero por Maki Ortiz y después por Carlos Peña Ortiz, la pregunta resulta inevitable: ¿cuánto dinero público se ha destinado realmente a esa propiedad y cuánto habría costado comprar o construir un edificio que hoy formara parte del patrimonio de Reynosa?
Pero el asunto deja una pregunta que va mucho más allá de Zaragoza 496:
¿Cuántos inmuebles privados han recibido dinero de los reynosenses durante los gobiernos de Maki Ortiz y Carlos Peña Ortiz, quiénes son sus propietarios y quién terminó beneficiándose de esas inversiones?
Después de casi una década en el poder, otra pregunta resulta inevitable:
¿Acaso no hay una autoridad capaz de ponerle freno a la voracidad de una familia?
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
