El alcalde de Reynosa desacredita a la Fiscalía por un boletín oficial, mientras las mismas instituciones le han garantizado el debido proceso en sus propios asuntos judiciales.
Martín Díaz / Periodismo con Firma
Hay una enorme dosis de cinismo político cuando un gobernante muerde la mano de la institucionalidad que lo sostiene. La fórmula es vieja: cuando la verdad legal del Estado no se alinea con el capricho del Palacio Municipal, la salida más fácil es denunciar un complot y linchar al mensajero.
Esa es la ruta que tomó el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Su última reacción en redes sociales no fue una aclaración técnica ni una respuesta institucional; fue un ataque directo contra el diario El Mañana. Con insultos y emoticones de censura lanzó una pregunta inquisitiva: «¿Quién paga a este medio?”.
El absurdo de su reacción resulta evidente. El periódico no inventó una campaña negra ni construyó una versión propia de los hechos; simplemente reprodujo un comunicado oficial emitido por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. En ese documento se informaba que, tras un operativo coordinado con la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, no existían denuncias vigentes por extorsión en la Central de Abastos.
El arte del sospechosismo
Como el alcalde parece acostumbrado a medir el debate público en términos de intereses, asumió que la difusión de un texto oficial debía responder a un pago. Bajo esa lógica, toda información incómoda tiene un patrocinador oculto. Lo verdaderamente preocupante es la contradicción política que deja al descubierto.
Resulta paradójico que Carlos Peña Ortiz desacredite a las instituciones del Estado cuando son precisamente esos cauces legales los que, ante la ausencia de una resolución definitiva en sus asuntos de tribunales, le han permitido permanecer en funciones y conservar plenamente sus derechos políticos. Criticar al sistema que le brinda las garantías del debido proceso, mientras se beneficia de ellas, es un acto de puro oportunismo.
El rancho de Cruillas y las cuentas
En ese contexto, es inevitable recordar que el alcalde enfrenta un proceso relacionado con una orden de aprehensión por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de la compra de un rancho en Cruillas. La ejecución de ese mandato judicial ha permanecido congelada gracias a los diversos recursos legales promovidos por su defensa; una tregua jurídica que le permite continuar al frente del Ayuntamiento.
La misma indulgencia institucional aparece en el ámbito administrativo. Mientras el alcalde exige saber quién financia a un medio por publicar un comunicado de la Fiscalía, las cuentas públicas de su administración acumulan observaciones por cientos de millones de pesos formuladas por la Auditoría Superior del Estado. Se trata de boquetes financieros que, por su dimensión, merecen una respuesta clara y no teorías de conspiración en redes sociales.
Contradicción absoluta
El detallen es descubrir quién paga a un periódico por hacer su trabajo. El problema es la doble moral de pretender reventar a las instituciones cuando una actuación oficial resulta incómoda y, al mismo tiempo, acogerse a ellas para proteger el fuero y el poder.
La Fiscalía emitió un comunicado y el medio lo publicó. Quien decidió convertir un documento oficial en un complot fue el propio presidente municipal. Esa es su verdadera condena.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
