Por: Martín Díaz Salazar | Periodismo con Firma
En la liturgia política, pocas cosas son tan reveladoras como el lenguaje de la resignación. Cuando el general de un ejército sale a dar el parte de guerra antes de que suenen los tambores de la batalla y fija el triunfo en salir vivos del campo, lo que en realidad está haciendo no es trazar una estrategia; está redactando un epitafio.
Algo muy parecido ocurrió hace unos días con la comparecencia pública del dirigente estatal del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara. Al mirar hacia el horizonte electoral de 2027, el líder tricolor soltó una cifra que, en lugar de entusiasmar a la militancia, sonó al tañido de las campanas que anuncian una misa de cuerpo presente: la meta es superar los 80 mil votos en todo el estado.
Para quienes tienen memoria política, la cifra no representa una aspiración ambiciosa. Representa el reconocimiento de la dimensión de la caída. Hubo una época en la que un candidato competitivo en plazas como Reynosa, Matamoros o Ciudad Victoria podía aportar por sí solo una cantidad similar de sufragios. Hoy, esa cifra es presentada como el objetivo para los 43 municipios de Tamaulipas.
Traducido a la cruda realidad de las urnas, fijar la meta en 80 mil sufragios significa que el PRI aspira a capturar apenas un raquítico 5.7% de la votación efectiva estimada para una elección intermedia. Es el reconocimiento explícito de que pasaron de ser el gigante político del estado a un partido satélite que pelea en la periferia por las migajas del banquete electoral, rozando peligrosamente el mínimo legal para no perder el registro.
El problema no es la estadística. Es la visión que la acompaña.
Cuando la dirigencia de un partido decide que el éxito consiste en administrar la escasez, toda la estructura termina adaptándose a esa lógica. ¿Con qué ánimo van a salir los comités municipales a recorrer colonias, convencer votantes y defender casillas si desde la dirigencia estatal ya les avisaron que la meta no es recuperar el poder, sino garantizar la supervivencia?
La respuesta resulta incómoda para muchos militantes. La dirigencia actual parece haber cambiado la vocación de gobernar por la comodidad de administrar la derrota. Los partidos suelen morir mucho antes de desaparecer legalmente. Primero dejan de competir por el poder. Después se acostumbran a perder. Finalmente convierten la derrota en un modelo de negocio.
Bajo esa lógica, los 80 mil votos dejan de ser una meta electoral y se convierten en una cifra administrative. No están pensados para recuperar terreno frente a Morena ni para reconstruir una identidad propia después de años de alianzas que terminaron por diluir el perfil priista. Son, más bien, el cálculo necesario para conservar las prerrogativas del IETAM, mantener funcionando la estructura partidista y asegurar espacios de representación proporcional para quienes controlan la dirigencia.
La realidad es que el PRI atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia en Tamaulipas. Y frente a esa circunstancia, la dirigencia parece haber optado por administrar los restos de una organización que alguna vez dominó el escenario político estatal.
Porque las elecciones no se ganan con nostalgia. Se ganan con proyectos capaces de convencer a los ciudadanos de que existe un futuro mejor. Y un partido que fija su horizonte en apenas sobrevivir difícilmente puede presentarse como una alternativa de gobierno.
Fijar la barra en el piso es la forma más sencilla de evitar el fracaso estadístico. Pero también es la manera más rápida de condenar cualquier proyecto político a la irrelevancia.
Si el PRI llega a la elección de 2027 con una ambición tan reducida, no estará iniciando una campaña de reconquista. Estará administrando su declive.
Porque cuando un partido sustituye la ambición de ganar por la administración de la derrota, la campaña deja de ser una batalla electoral y se convierte en el acto previo a su propio funeral.
Ahí están los hechos. Que cada quién saque sus conclusiones.
