Martín Díaz / Periodismo con Firma
Cuando una institución pública administra recursos que pertenecen a toda la sociedad, la obligación no termina en gastar el dinero conforme a la ley. También debe explicar cómo, cuándo y para qué se utiliza. La Universidad Autónoma de Tamaulipas parece estar de acuerdo con la primera parte, pero no necesariamente con la segunda.
Una solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia permitió conocer parte de la operación de las aeronaves universitarias. La respuesta oficial incluyó inventarios, costos de mantenimiento, pólizas de seguro y copias de las bitácoras de vuelo. Sin embargo, los documentos dejan fuera justamente los elementos que permitirían verificar el uso real de los aviones: pasajeros, destinos, rutas y motivos específicos de cada
traslado.
La omisión no es menor.
La propia Rectoría sostiene que las aeronaves forman parte de las funciones sustantivas de la Universidad y que son utilizadas para actividades académicas, científicas, administrativas y de vinculación institucional. El problema es que la información entregada impide corroborar en qué proporción se utiliza cada avión para cada una de esas tareas.
Los registros permiten conocer horas de operación. Lo que no permiten conocer es quién ocupó los asientos.
La diferencia resulta particularmente relevante porque la Universidad ha construido en los últimos meses un discurso público alrededor de la investigación científica realizada desde el aire. La adquisición de tecnología especializada y los anuncios sobre proyectos de cartografía y análisis territorial han sido utilizados para justificar la existencia de la flota aérea universitaria.
Sin embargo, cuando se solicita la información necesaria para verificar el uso concreto de las aeronaves, la transparencia se vuelve incompleta.
La situación genera preguntas legítimas.
¿Cuántos de los vuelos realizados corresponden efectivamente a actividades científicas?
¿Cuántos estuvieron relacionados con funciones administrativas?
¿Cuántos fueron utilizados para traslados de Rectoría?
¿Cuántos beneficiaron directamente a estudiantes, investigadores o proyectos académicos?
Las bitácoras entregadas por la institución no permiten responder ninguna de esas interrogantes.
Y las dudas aumentan cuando se observa el costo de mantener la estructura aérea universitaria. La propia UAT reconoce gastos de mantenimiento para sus aeronaves y reporta que las pólizas de seguro representaron más de un millón de pesos durante el periodo informado. Se trata de recursos públicos que salen del mismo presupuesto que debe atender las necesidades académicas, científicas y administrativas de toda la institución.
Por eso la discusión ya no gira únicamente alrededor de los aviones.
La verdadera discusión es la rendición de cuentas.
La Universidad puede sostener que cada vuelo tuvo una justificación institucional. Puede afirmar que las aeronaves contribuyen al cumplimiento de sus objetivos. Puede incluso argumentar que la operación de estos equipos resulta indispensable para determinadas actividades estratégicas.
Lo que no puede esperar es que la sociedad acepte esas afirmaciones sin la información necesaria para verificarlas.
La transparencia no consiste en entregar cientos de páginas de registros técnicos imposibles de interpretar para la mayoría de los ciudadanos. La transparencia consiste en proporcionar los datos que permitan conocer el destino de los recursos públicos y evaluar si éstos cumplen realmente con el propósito para el que fueron asignados.
Hoy sabemos cuánto cuestan los aviones de la UAT.
Sabemos cuánto se gasta en mantenerlos.
Sabemos que siguen volando.
Lo que seguimos sin saber es quién viaja en ellos, a dónde se dirigen y cuál es el beneficio concreto que obtiene la comunidad universitaria de cada uno de esos vuelos.
Y mientras esas respuestas permanezcan en tierra, la ruta de la opacidad seguirá acompañando al avión de la Rectoría.
Ahí están los hechos, que cada quién saque sus conclusiones.
