Por Martín Díaz / La Nube
Periodismo con Firma
En Reynosa, durante los primeros días de septiembre, bastaba con salir a la calle para trop
ezar con el rostro sonriente del alcalde Carlos Peña Ortiz. Vallas,
espectaculares, panorámicos y estructuras de gran formato fueron desplegados a lo largo y ancho del municipio para promocionar su Segundo Informe de Gobierno, llevado a cabo el pasado domingo 6 de septiembre de 2026. Un despliegue de imagen imponente, colorido y, sobre todo, omnipresente.
Sin embargo, el misterio de tanta promoción quedó al descubierto menos de
un mes después del evento, cuando el 2 de octubre
se dio a conocer que el propio edil había confirmado su registro para buscar la candidatura a una diputación federal. Todo cobra sentido: el derroche publicitario nunca tuvo como único fin rendir cuentas a los reynosenses, sino servir como plataforma de promoción personal con miras al futuro político del alcalde. Un
narcisismo político cuyo financiamiento sigue sin esclarecerse en la respuesta del
Ayuntamiento.
Cuando un ciudadano intenta averiguar lo más elemental sobre esta campaña —
cuánto costó, a qué proveedores se le pagó y con qué partida presupuestal se cubrió el gasto— mediante una solicitud formal ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer
específicamente los detalles de los anuncios panorámicos y espectaculares, el aparato municipal sufre una repentina amnesia burocrática. Los datos del expediente FOLIO 780526526000313 revelan un auténtico «juego de las estatuas» e incompetencia institucional.
Primero, la Coordinación de Comunicación Social, a cargo de Aldo Noé Hidalgo Escalante, emite el oficio CCS/0282/2026 donde afirma, sin despeinarse, que «no cuenta con elementos documentales» sobre la campaña por no corresponder a sus funciones. Resulta inverosímil que el área cuya tarea central es la difusión institucional desconozca la estrategia de espectaculares que tapizó las avenidas principales de la ciudad.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Tesorería, bajo la firma de Esmeralda Chimal Navarrete (oficio SFT/2306/2026), aplica el deslinde contable y declara la inexistencia total de registros, contratos o facturas, argumentando no poseer atribuciones legales para contratar o rentar dichas estructuras publicitarias. Si el dinero salió de las arcas públicas, ¿por qué
Tesorería no tiene un solo comprobante fiscal registrado? Y si no salió del erario, ¿quién patrocinó la campaña del aspirante a legislador?
La única dependencia que acepta la existencia del archivo es la Secretaría de Administración, a cargo de Zulema del Carmen González Beas. Pero la respuesta viene acompañada de un clásico candado burocrático: argumentan un «impedimento material objetivo» por tratarse de un acervo «voluminoso» en tomos y anexos gráficos. En lugar de entregar la información digitalizada en formatos abiertos y reutilizables (Excel/CSV) como exige la ley y la solicitud del ciudadano, citan al solicitante a una consulta presencial en sus oficinas para el 07 de octubre de 2026, advirtiendo que cualquier copia correrá por cuenta del interesado previa tarifa reglamentaria.
El contraste es demoledor: para tapizar las avenidas con la cara del alcalde rumbo al informe del 6 de septiembre —y allanar el camino hacia sus nuevas aspiraciones federales—, sobró logística, prisa y espacio publicitario. Pero para responder a las obligaciones básicas de transparencia sobre el costo de esos espectaculares, las dependencias prefieren deslindarse, declarar la inexistencia de datos o mandar al ciudadano a revisar cajas de archivo en un horario restringido.
En la Reynosa «Imparable», la promoción personal es gigantesca y visible desde cualquier esquina, pero las cuentas claras siguen celosamente guardadas bajo llave.
Ahí están los hechos, que cada quién saque sus conclusiones.
