Martín Díaz / Periodismo con Firma
La propuesta no es nueva.
Desde noviembre de 2025, el diputado panista Gerardo Peña Flores había planteado modificar la Ley de Tránsito y el Código Municipal de Tamaulipas para permitir que los ayuntamientos cobraran diariamente a los vehículos con placas de otras entidades o del extranjero por utilizar sus vialidades.
La iniciativa contemplaba hasta cinco pesos diarios para vehículos particulares y hasta diez pesos para unidades comerciales o de carga. El argumento era que quienes circulan por las calles de los municipios tamaulipecos, pero tienen registrados sus vehículos fuera del estado, no contribuyen mediante sus derechos vehiculares al mantenimiento de esa infraestructura.
Los recursos obtenidos serían destinados a trabajos de bacheo, pavimentación y recarpeteo.
Sobre el papel parecía una alternativa para fortalecer las siempre necesitadas finanzas municipales. El asunto se complicaba al revisar quién tendría que pagar y, principalmente, por qué.
La propuesta establecía una diferencia basada exclusivamente en el lugar donde estuviera registrado el automóvil.
Dos vehículos podrían circular por la misma avenida, utilizar durante el mismo tiempo la infraestructura municipal y provocar exactamente el mismo desgaste. Uno no tendría que pagar porque porta placas de Tamaulipas; el otro sí, simplemente porque las suyas fueron expedidas en Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz o cualquier otra entidad.
Nueve meses después de haber sido presentada, la iniciativa volvió esta semana a la mesa de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, donde comenzaron a exhibirse sus principales debilidades.
La diputada Francisca Castro Armenta propuso declararla improcedente al señalar que el lugar donde está registrado un automóvil no acredita una mayor utilización de la infraestructura vial, una capacidad contributiva distinta o un beneficio diferente respecto de quienes circulan con placas tamaulipecas.
Pero el cuestionamiento no quedó únicamente entre diputados.
Durante la sesión se informó que la Secretaría General de Gobierno había emitido una opinión técnica en la que advertía que la propuesta podría contravenir diversos principios constitucionales. También cuestionó que el cobro pudiera establecerse bajo la figura de un “aprovechamiento”, al considerar que no resultaba congruente con la naturaleza jurídica que le corresponde conforme a los criterios de armonización contable.
La ubicación geográfica de Tamaulipas agregó otro elemento a la discusión.
La entidad mantiene un constante flujo de visitantes, transportistas, empresarios y trabajadores provenientes de otras partes del país y del extranjero. En los municipios fronterizos, particularmente, el movimiento de personas y mercancías constituye una parte fundamental de su actividad económica.
Establecer una cuota exclusivamente a los vehículos foráneos podía generar, según lo expuesto durante la sesión, barreras económicas para la movilidad interestatal, además de afectar la actividad comercial y la competitividad de los propios municipios.
A ello se agregó otro dato: de acuerdo con la opinión técnica citada ante los legisladores, no existe un esquema similar en otras entidades federativas.
Finalmente, Francisca Castro propuso declarar improcedente la iniciativa.
La votación fue cerrada.
Francisca Castro Armenta, Lucero Deosdad Martínez, Eva Reyes y Claudio Alberto De Leija Hinojosa votaron por declararla improcedente.
Gerardo Peña Flores, Paloma Guillén y Mayra Benavides votaron en contra.
Cuatro contra tres.
La diferencia fue apenas de un voto.
El dictamen deberá llegar todavía al Pleno, pero lo ocurrido en la Diputación Permanente dejó expuestas las dificultades de una propuesta que pretendía establecer una contribución diferenciada tomando como elemento determinante el lugar donde estuviera registrado un automóvil.
La necesidad de recursos municipales para reparar calles, pavimentar y atender el deterioro de las vialidades difícilmente puede ponerse en duda. Lo que sí puede discutirse es si resulta jurídicamente justificable hacer recaer una nueva contribución exclusivamente sobre quienes llegan a Tamaulipas con placas expedidas fuera del estado.
Esta vez, la mayoría de la Diputación Permanente consideró que no.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
