Por: Martín Díaz / Periodismo con Firma
Detrás de la estrepitosa caída de más de 3 mil millones de pesos en los activos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) no hay un simple descuido u omisión de quienes tenían la responsabilidad de resguardar las finanzas de la universidad. Lo que hoy se confirma es una historia de complicidades y maniobras financieras que provocaron un boquete directo de 568 millones de pesos, mientras el Gobierno del Estado terminó tomando control del resto de los recursos que le pertenecían a la universidad.
La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado tiene bajo la lupa el expediente que tanto en el Palacio de Gobierno como en la Rectoría intentaron mantener bajo llave: el destino de un fondo de reserva por $2,932,163,205 pesos depositado en Value Casa de Bolsa. Lo que debió ser el blindaje para el desarrollo científico y la infraestructura de los estudiantes, terminó convertido en una disputa política y financiera por el control de esos recursos.
El pretexto del quebranto y el control estatal
Este escenario echa por tierra la narrativa de «limpieza» y legalidad. Los estados financieros consolidados, que registran el desplome de los activos universitarios de $12,166,682,100 pesos a $9,389,075,296 pesos, no muestran un rescate; reflejan una operación donde los recursos quedaron bajo control estatal.
La secuencia de los hechos, corroborada por fuentes ligadas a los procesos de fiscalización, evidencia cómo se desarrolló el conflicto:
La mesa puesta: La firma financiera operó los recursos mediante movimientos especulativos que le costaron a la universidad una pérdida directa de 568 millones de pesos, obligando a una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones no autorizadas.
El zarpazo al presupuesto: Al detectarse esta violación a la Ley de Disciplina Financiera, el Gobierno estatal vio la oportunidad perfecta. Bajo el argumento de la irregularidad, en lugar de congelar los fondos para reintegrarlos a las necesidades de los campus, los casi 3 mil millones de pesos restantes fueron retirados a la UAT y quedaron bajo control estatal.
Asfixia en las aulas, abundancia en el poder: Mientras más de 2 mil 300 millones de pesos quedaban fuera del control directo universitario para fines ajenos a la educación, la comunidad estudiantil se quedó con las manos vacías. La infraestructura de la UAT se congeló, los laboratorios quedaron en el abandono y las demandas de los alumnos fueron ignoradas, todo sepultado bajo el silencio de una rectoría que evitó confrontar el escándalo.
Sumisión y silencio institucional
En las finanzas públicas, entregar el patrimonio ajeno para salvar el pellejo propio es una de las formas más graves de complicidad política. La responsabilidad administrativa de la gestión que encabeza el rector Dámaso Anaya Alvarado no radica solo en haber mantenido vivas operaciones financieras dudosas, sino también en la absoluta falta de resistencia ante el retiro de los recursos universitarios.
¿Por qué la Rectoría agachó la cabeza y permitió que el Estado tomara control de los recursos excedentes de la universidad? La gran pregunta en los pasillos universitarios es si el silencio institucional busca evitar que las investigaciones de la FGR escalen hacia niveles superiores de responsabilidad.
La UAT violó los protocolos de contención patrimonial al jugar a la ruleta bursátil, pero el Gobierno del Estado no llegó únicamente a corregir el rumbo financiero; terminó tomando el control de recursos estratégicos que le correspondían a la institución. Lo que para los críticos internos constituye un auténtico despojo financiero, terminó dejando a los estudiantes como los grandes perdedores de esta historia.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
