Martín Díaz / Periodismo con Firma
La administración de Eduardo “Lalo” Gattás ha intentado normalizar lo extraordinario. Para el Gobierno Municipal de Victoria parece ser perfectamente válido adjudicar 87.4 millones de pesos a una empresa cuyo domicilio fiscal, según los registros oficiales, es una vivienda de dos niveles ubicada en la calle Firmeza 313-B.
Ahí, en una zona habitacional de la colonia Vamos Tamaulipas, está registrado el cuartel operativo de Cuenca del Noreste, S.A. de C.V., la empresa que recibió los contratos ADJ/MVT/185-2025 y ADJ/MVT/187-2025 para encargarse del mantenimiento de transformadores eléctricos y sistemas de aire acondicionado del municipio.
No se trata de trabajos menores. Se trata del mantenimiento integral de la red eléctrica y de climatización de edificios públicos de toda la capital. Una operación de ese tamaño no se ejecuta con una caja de herramientas y una camioneta; requiere una logística que simplemente no cabe en una cochera.
¿Dónde está la capacidad técnica?
El mantenimiento de transformadores de potencia y sistemas de climatización a escala municipal exige ingenieros certificados, laboratorios para análisis de aceite dieléctrico y grúas especiales con aislamiento para trabajar en líneas de alta tensión. Nada de eso aparece en el domicilio fiscal de la empresa.
En una inspección visual del lugar no se observan patios de maniobras, grúas, unidades especializadas ni cuadrillas técnicas capaces de ejecutar contratos por 87 millones de pesos en un tiempo récord de menos de 90 días. La pregunta para la Oficialía Mayor es inevitable: ¿Cómo se acreditó la capacidad técnica de un proveedor que opera desde una zona habitacional para encargarse del mantenimiento eléctrico de toda una ciudad?
El Predial: El dinero de los ciudadanos
El origen del dinero tampoco es menor. Los 87.4 millones de pesos no provienen de un programa federal extraordinario con reglas externas; provienen directamente de la recaudación del Impuesto Predial 2025.
Es decir, del dinero que miles de victorenses pagaron al inicio del año con la expectativa de ver mejoras en los servicios públicos. Sin embargo, ese recurso terminó concentrado en un solo proveedor mediante el esquema de adjudicación directa, bajo el argumento de que se trataba de la “única propuesta solvente”. Con esa decisión, el Ayuntamiento cerró la puerta a una licitación pública nacional, donde empresas especializadas podrían haber competido en precio y capacidad.
Mientras miles de victorenses transitan por calles a oscuras y padecen fallas eléctricas constantes, el presupuesto del predial ‘brilla’, pero solo en las cuentas de un proveedor cuya mayor infraestructura es una fachada humilde en una colonia popular.
Este no es solo un llamado a la transparencia, es una exigencia directa al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que abandonen la parálisis. El silencio de los órganos de fiscalización ante un gasto de un millón de pesos diarios en una zona habitacional no es omisión, parece complicidad.
En la administración de Eduardo Gattás, la transparencia se fundió. Es momento de que los diputados demuestren si representan al pueblo o si son los encargados de poner el parche para tapar irregularidades de quien, con una sonrisa, parece burlarse de ellos y de toda la capital.
