Martín Díaz / Periodismo con Firma
Hay que tener un nivel preocupante de desconexión con la realidad —o una soberbia difícil de disimular— para que Carlos Peña Ortiz proponga que regidores y diputados trabajen sin salario.
No es austeridad. Es desprecio por el trabajo.
Porque la propuesta no viene de alguien que haya tenido que abrirse paso fuera del poder, ni de quien haya dependido de un sueldo para vivir. Viene de un personaje cuya trayectoria ha transcurrido completamente dentro de estructuras políticas heredadas, sin que se le conozca un solo tramo donde haya tenido que ganarse el sustento lejos del presupuesto público.
Dicho sin rodeos: el único cargo que se le conoce no lo ganó, lo heredó de su senadora madre.
Y desde esa posición, pretende redefinir las reglas.
El problema no es solo la ocurrencia. Es lo que revela. Porque quien nunca ha tenido que preocuparse por llegar a fin de mes difícilmente puede entender lo que significa sostener un trabajo sin ingreso. Y mucho menos puede pedir que otros lo hagan.
Para quienes todos los días se levantan antes del amanecer para llegar a una maquiladora, a un salón de clases o a cualquier empleo donde el tiempo sí cuesta, la idea no suena a política pública.
Suena a burla.
Porque si los cargos públicos dejan de ser remunerados, la política deja de ser representación y se convierte en un privilegio. Obreros, maestros, líderes de colonia —los que conocen la calle porque la viven— quedarían automáticamente fuera. No por incapacidad, sino porque no tienen el lujo de trabajar gratis.
Lo que queda es una política diseñada para una élite. Para quienes ya tienen resuelta la vida. Para quienes pueden “servir” sin salario porque nunca han dependido de uno.
Y ahí aparece la contradicción de fondo.
Mientras Peña Ortiz pide sacrificios ajenos, su propia historia sigue marcada por cuestionamientos sobre su patrimonio: una riqueza que apareció demasiado pronto, cuentas y propiedades que han sido objeto de atención legal y que no han sido explicadas con claridad.
Es decir: quien no ha podido explicar su relación con el dinero, propone ahora que quienes deben vigilar el poder lo hagan sin cobrar.
No es una reforma.
Es una señal.
Una señal de cómo se entiende el poder: como un espacio sin contrapesos, sin resistencia y, de ser posible, sin quienes puedan cuestionarlo.
En Reynosa ya conocemos ese modelo. El que confunde gobierno con patrimonio. El que administra cargos como si fueran herencias. El que concentra decisiones en pocos y excluye a los demás.
Por eso esta propuesta no es menor.
Es consistente.
Consistente con un perfil que no conoce la realidad de quienes viven de su trabajo. Consistente con una forma de ejercer el poder donde el esfuerzo siempre es de otros… y los beneficios, de los mismos.
Esta propuesta no sorprende.
Proviene de quien ha dejado claro que, en el ejercicio del poder, la soberbia ha estado por encima de la congruencia… incluso del interés público.
