Por: Martín Díaz / Periodismo con Firma
En Ciudad Victoria, conducir se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo: por un lado, hay que esquivar los socavones que devoran suspensiones y, por el otro, los operativos que —con justa razón legal, pero dudosa claridad financiera— buscan «salvar vidas”.
Las cifras presentadas por la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad son, en el papel, un éxito estadístico. Detectar a 90 conductores infractores por semana significa retirar 360 riesgos potenciales de las calles cada mes. Hasta aquí, el argumento de Javier Córdoba González es sólido: nadie en su sano juicio defendería el derecho de un ebrio a conducir un arma de dos toneladas.
Sin embargo, detrás del discurso preventivo surge una duda razonable que el Ayuntamiento no ha podido —o no ha querido— despejar: ¿A dónde va a parar ese flujo constante de efectivo?
El Negocio de las multas en Victoria
Con multas que hoy superan los 10 mil pesos y que escalan a los 15 mil en caso de reincidencia, el alcoholímetro se ha convertido en la «gallina de los huevos de oro» de la recaudación municipal. Se estima que, mensualmente, ingresan millones de pesos por este concepto.
Es aquí donde la narrativa oficial pierde fuerza. No se puede exigir responsabilidad ciudadana desde una posición de descuido administrativo. La realidad urbana de Victoria es el testimonio de una contradicción:
- La Eficiencia: El tránsito es impecable para montar operativos y aplicar multas severas bajo la bandera de la «Cero Tolerancia».
- La Omisión: El municipio parece paralizado ante el abandono histórico de sus avenidas, donde los baches son hoy tan peligrosos para la seguridad vial como un conductor distraído.
La Sombra de los 911 Millones
La transparencia no es una opción, es una obligación, especialmente cuando el Alcalde arrastra una losa de 911 millones de pesos pendientes por aclarar. En este contexto, cada peso cobrado en un retén de fin de semana no es visto como un acto de justicia, sino como un parche para una administración que tiene las cuentas bajo la lupa.
Si el objetivo fuera realmente preventivo y no recaudatorio, el destino del recurso sería evidente:
- Etiquetado del Recurso: Cada peso de las multas debería reinvertirse directamente en pavimentación y señalización de las zonas donde se opera.
- Rendición de Cuentas: El ciudadano tiene derecho a saber si su multa está pagando una tonelada de asfalto o si se está perdiendo en el laberinto del gasto corriente.
Conclusión
Victoria no necesita más discursos de prevención; necesita calles transitables.
Mientras el Ayuntamiento cobre multas de miles y tolere avenidas destrozadas, el mensaje para el ciudadano será inevitable:
Aquí hay cero tolerancia para el conductor… y cero responsabilidad para el gobierno.
