Por: Martín Díaz / Periodismo con Firma
La reciente sesión itinerante del Congreso en Matamoros exhibió una disputa interna sobre el control de la agenda legislativa. Lo que empezó como una iniciativa para “meter en cintura” a los diputados faltistas, terminó encendiendo alertas por un posible filtro político dentro del propio Pleno.
El gancho ciudadano: castigo a los faltistas
La propuesta del diputado Eliphaleth Gómez Lozano tiene un punto que cualquier ciudadano respaldaría: sanciones reales para quienes no asisten a trabajar. En la actual Legislatura 66 ha habido sesiones con retrasos por falta de quórum y comisiones que simplemente no sesionan por ausencia de integrantes.
Cada diputado local percibe una dieta mensual que supera los 70 mil pesos, sin contar apoyos y prerrogativas. Si cualquier trabajador falta sin justificación, se le descuenta el día. ¿Por qué el Congreso debería ser diferente? Hasta ahí, el consenso es lógico: disciplina sí.
La letra chiquita: el filtro de la Mesa Directiva
El problema apareció cuando se revisó el detalle técnico. La reforma pretendía modificar el Artículo 19 para otorgar a la Mesa Directiva la facultad de decidir si una iniciativa es “pertinente” para su admisión.
Y ahí está el punto delicado.
La Mesa Directiva es un órgano de conducción, no un tribunal ideológico. Convertir a la Mesa en filtro previo equivale a instalar un “cadenero legislativo”: decide qué entra al debate y qué se queda en el cajón por no ser conveniente.
La rebelión de Gallegos: «Todas las ideas son pertinentes»
Fue el diputado Marcos Gallegos Galván quien le puso nombre y apellido al riesgo desde la tribuna. En un posicionamiento frontal, Gallegos se opuso a que se le otorguen estas «superfacultades» a la Mesa Directiva. Su argumento fue demoledor por su sencillez: la pertinencia no es una decisión administrativa, es un derecho democrático.
«Todas las ideas de la ciudadanía son pertinentes… para eso están las comisiones y el análisis parlamentario», sentenció Gallegos. Al votar en contra de la modificación al Artículo 19 y al Artículo 93, el legislador reynosense dejó claro que no se puede legislar a favor del orden atropellando el derecho de iniciativa. Su voto en contra no fue a favor de la indisciplina, sino en contra del bozal.
La incongruencia que incomoda
Resulta, cuando menos, preocupante que el propio Eliphaleth Gómez Lozano, impulsor de la iniciativa, no advierta el alcance del engendro que estaba poniendo sobre la mesa. Proponer que las iniciativas queden condicionadas a la aprobación previa de un grupo pequeño no es un desliz menor: es desconocer uno de los principios básicos del trabajo parlamentario.
Eso abre una pregunta incómoda: ¿La iniciativa fue redactada sin entender sus implicaciones democráticas? ¿Le fue dictada y simplemente la presentó? ¿O se asumió con una ingenuidad política que raya en la irresponsabilidad? Un legislador no está para servir de conducto automático de ocurrencias ni para promover reformas que reducen la pluralidad bajo el pretexto del orden.
¿Productividad o espectáculo?
Gallegos también cuestionó la intención de limitar las iniciativas por Oficialía de Partes. Mientras la narrativa oficial habla de “dar la cara” en tribuna, la realidad técnica es otra. Muchas reformas son ajustes necesarios que no requieren espectáculo. Forzar el micrófono puede ralentizar el trabajo en lugar de agilizarlo. Más micrófono no siempre significa más productividad.
Veredicto desde La Nube
Descontar el salario a quien no trabaja es justicia básica. Pero convertir esa bandera en un mecanismo para decidir qué se discute y qué no, es otra cosa.
La intervención de Marcos Gallegos recordó que la representación no debe ser selectiva. Si el Congreso condiciona el debate, no pierde esencia; pierde legitimidad. Una cosa es combatir el ausentismo, y otra muy distinta es administrar el silencio
