Martín Díaz / Periodismo con Firma
En Río Bravo, la congruencia también anda en adeudo. Esta semana, el Congreso del Estado emitió un exhorto formal al Ayuntamiento para que pague lo que debe a la COMAPA. No es un rumor, no es un trascendido: es un llamado institucional por un adeudo superior a los 3 millones de pesos que el propio Municipio arrastra con el organismo operador del agua.
Y aquí está lo nuevo, lo que indigna y lo que explica el exhorto: la misma administración que no paga el agua, hoy exige puntualidad quirúrgica en el pago del predial. Mano dura con el ciudadano; manga ancha consigo mismo.
El exhorto no surge por casualidad. Llega después de que el Alcalde ha intensificado su campaña de cobro del impuesto predial, vendiendo la idea de que “con tus impuestos se hace la obra”. El problema es que, mientras se aprieta el bolsillo de las familias, el Municipio se da el lujo de “olvidar” sus propias obligaciones básicas, poniendo en riesgo el suministro de agua de toda la ciudad.
La contradicción es brutal. Desde tribuna, el Congreso fue claro: la crisis operativa de la COMAPA no es solo técnica, es financiera, y una de sus causas principales es que el propio Ayuntamiento no paga lo que consume. Es decir, el Municipio se queja del servicio de agua… que él mismo sabotea al no pagar.
Y mientras el agua espera, el dinero sí camina. La auditoría ordenada a la Feria Río Bravo 2025 terminó de encender los focos rojos. Hubo recursos suficientes para carteleras millonarias —con artistas como Alfredo Olivas y Gloria Trevi—, con gastos que superan los 30 millones de pesos. Pero no hubo voluntad para cubrir 3 millones y garantizar agua limpia y constante en los hogares.
La pregunta no es política, es elemental:
¿Por qué sí hubo dinero para la fiesta y no para el agua?
Por eso el exhorto importa. No es un trámite más ni un regaño simbólico. Como lo señaló la diputada Elvia Eguía Castillo, el agua es un derecho humano, no una herramienta de presión ni una caja chica que se paga solo cuando conviene. La autonomía municipal no es permiso para incumplir la ley ni para trasladar la irresponsabilidad al ciudadano.
En resumen:
Río Bravo vive una doble moral fiscal.
Predial obligatorio para la gente.
Agua fiada para el Ayuntamiento.
Y cuando un gobierno exige lo que no cumple, el problema deja de ser financiero y se convierte en una falta ética y legal. En el ejercicio del poder público, no pagar, no cumplir y simular no son errores administrativos: son responsabilidades que la ley sanciona.
El Alcalde debe tenerlo claro: el manejo indebido de recursos, la omisión deliberada y el daño a servicios esenciales como el agua pueden derivar en sanciones graves, que van desde inhabilitaciones hasta responsabilidades penales y prisión.
