Por: Martín Díaz | Periodismo con firma
La muerte de dos menores en un incendio en el fraccionamiento Santa Anita no es un hecho aislado ni una desgracia inevitable. Es la consecuencia directa de una administración que ignoró advertencias claras y decidió postergar una obligación elemental: proteger la vida.
Hace apenas un año, un incendio de grandes proporciones en los límites de la mancha urbana puso a Altamira al borde de una tragedia mayor. Las llamas avanzaron sin control y exhibieron una realidad incómoda: el municipio no cuenta con capacidad propia suficiente para responder a emergencias de alto riesgo. En aquel episodio, la contención del desastre dependió casi por completo de empresas privadas y de los Bomberos Voluntarios. Fue una advertencia pública. No se aprendió nada.
Parece que el pánico de aquel incendio se le olvidó al alcalde Armando Martínez Manríquez. O peor aún: decidió no actuar.
Un monumento a la desidia
A cuatro años de gobierno, Altamira sigue sin contar con una estación municipal de bomberos en operación. Apenas ahora, después de incendios recurrentes y de una tragedia que pudo evitarse, la administración municipal inició la construcción de una estación que hoy existe solo en obra inconclusa y anuncios oficiales. No es un logro: es la evidencia del abandono previo.
Durante todo este tiempo, el municipio enfrentó emergencias sin infraestructura básica, dependiendo del esfuerzo de voluntarios y apoyos externos, mientras el gobierno municipal optaba por el conflicto político y la simulación institucional.
El símbolo de esa política es evidente: un camión de bomberos estacionado frente a la Presidencia Municipal, convertido en adorno urbano. No está asignado a una estación funcional —porque no la hay— ni integrado a un protocolo serio de respuesta. Está ahí para la fotografía, no para el incendio.
Las emergencias no se atienden con exhibiciones ni con discursos. Se atienden con estaciones operando, equipos disponibles y respaldo real a quienes arriesgan la vida. Todo lo demás es propaganda.
La factura de la negligencia
Hace un año el incendio fue la advertencia. La respuesta fue tardía y a medias. Hoy, con una estación sin terminar, un cuerpo de bomberos debilitado y decisiones que llegaron demasiado tarde, Altamira paga la factura.
Cuando un gobierno ignora una alerta y decide no corregir, la omisión se convierte en negligencia. Y cuando esa negligencia ocurre en materia de protección civil, las consecuencias no se miden en comunicados, sino en vidas.
En Altamira, la tragedia no cayó del cielo. Se construyó con desinterés, se sostuvo con omisiones y hoy cobra un precio que ya nadie debería estar dispuesto a tolerar.
Martín Díaz | Periodismo con firma Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas
