Martín Díaz / La Nube
La constante promoción de la senadora Maki Ortiz por parte del Ayuntamiento de Reynosa, encabezado por su propio hijo, el alcalde Carlos Peña Ortiz, levanta serias banderas rojas en el ámbito electoral y de transparencia. No es solo un asunto de favoritismo familiar; estamos ante lo que parece ser una campaña permanente pagada con el erario, una estrategia que integra reflectores y eventos especiales para posicionar a la senadora rumbo a la gubernatura de Tamaulipas.
Esta situación se fundamenta en varias violaciones claras. Los actos anticipados de campaña son prohibidos por la ley electoral, pues buscan generar una ventaja indebida fuera de los tiempos establecidos. El desvío de recursos públicos para fines proselitistas, usando personal y fondos municipales, es un delito grave. Además, esta promoción excesiva de una figura pública por parte de una administración de gobierno puede calificarse como culto a la personalidad, una práctica antidemocrática que distorsiona la competencia electoral. La ambición de perpetuarse en el poder, a toda costa y sin pudor, usando a Reynosa como plataforma personal, es un reflejo de una política que desvirtúa su propósito principal: servir al ciudadano.
