Por Martín Díaz / La Nube
En Ciudad Victoria, parece que al Secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva, ya se le olvidó quién manda y qué dice la ley. Porque en su afán de sacar adelante el Plan de Obra Pública 2025, no sólo amenaza con ignorar al Cabildo, sino que de paso deja ver su ignorancia del Código Municipal de Tamaulipas, ese pequeño librito que debería tener en el buró… o al menos haber leído una vez.
Según Reséndez, si los regidores no aprueban el Plan de Obra en la próxima sesión, el Ayuntamiento puede aplicarlo “con o sin dictamen”. Así, con toda la frescura. Como si la opinión de los regidores —autoridad colegiada y soberana del municipio— fuera opcional. El Secretario, en su mundo, cree que puede rebasar al Cabildo y gobernar por decreto.
Lo que no dice Reséndez es que el Artículo 115 Constitucional y el Código Municipal de Tamaulipas, en su Artículo 48, fracción IV, son clarísimos: el Cabildo es el único órgano con facultad para aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Obra Pública. Sin ese aval, no hay obra que se justifique, ni presupuesto que se pueda ejercer legalmente. Todo lo demás es simulación… o peor aún: abuso de poder.
Y si alguien en el Ayuntamiento desacata los acuerdos del Cabildo, como lo sugiere con desparpajo el Secretario, el propio Código establece consecuencias. En su Artículo 82, fracción II, se permite al Cabildo remover o solicitar la destitución de servidores públicos municipales que incurran en actos fuera de la ley, especialmente si actúan con prepotencia o usurpan funciones.
Así que, lejos de avanzar, Reséndez podría estar cavando su propia tumba política. Porque tratar de imponer un Plan de Obra “con o sin aprobación” es una falta grave. Y lo peor: es una falta que insulta a los representantes del pueblo, los regidores, quienes no son empleados de Hugo Reséndez, sino sus jefes políticos directos.
Pero en Victoria ya nada sorprende. En lugar de negociar, construir consensos y justificar técnicamente su propuesta, el Secretario prefiere el camino fácil: patear la ley y luego decir que está haciendo lo mejor para la ciudad. Como si la legalidad fuera un estorbo más que una obligación.
¿Y qué dice la ciudadanía? Nada. Porque mientras ellos discuten si van a reparar calles, bachear o meter tubos de agua, las colonias siguen llenas de polvo, pozos y promesas. Y los 132 millones que “aliviarán mucho la necesidad” siguen siendo el ansiado premio que quieren agandallarse el Alcalde y sus secuaces.
