Martín Díaz / La Nube
Catalogar la violencia en función del género constituye una forma de discriminación, ya que toda agresión contra un ser humano es igualmente condenable, independientemente de su sexo. Desde esta perspectiva, el castigo para quienes atentan contra la integridad de una persona debería ser uniforme, sin que el género del agredido o del agresor influya en la pena impuesta.
La diputada local de Tamaulipas, Lucero Deosdady Martínez López, ha propuesto una reforma legislativa que busca ampliar la definición de feminicidio en el Código Penal del estado. Esta iniciativa tiene como objetivo incluir explícitamente a las mujeres trans y a las personas que se identifiquen dentro del espectro femenino como posibles víctimas de este delito, bajo el argumento de reconocer la diversidad de identidades de género y reforzar el compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género. Sin embargo, este supuesto compromiso con la igualdad excluye al género masculino, dejando fuera a los hombres como posibles víctimas de crímenes de odio con agravantes similares, lo que genera un debate sobre la equidad en la aplicación de la justicia.
La tipificación del feminicidio en México se incorporó al Código Penal Federal en 2012. Según el artículo 325, se considera feminicidio cuando una mujer es privada de la vida por razones de género, y se establecen penas de 40 a 60 años de prisión para este delito. En contraste, el homicidio simple intencional, definido en el artículo 302, contempla penas de 12 a 24 años de prisión. Esta diferencia en las sanciones ha generado discusiones sobre la equidad en la aplicación de la justicia.
Un ejemplo que ilustra esta diferencia es el caso de Mariana Lima Buendía. Inicialmente, su muerte fue catalogada como suicidio; sin embargo, gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, se ordenó reabrir el caso y juzgarlo como feminicidio, lo que conllevó una investigación más exhaustiva y una eventual sentencia más severa para el culpable. Este caso destaca cómo la clasificación del delito puede influir en la profundidad de la investigación y en la severidad de la pena impuesta.
Por otro lado, en casos de homicidio donde la víctima es un hombre, las penas suelen ser menores. Aunque no se dispone de un caso específico en este momento, la legislación establece sanciones más bajas para el homicidio simple en comparación con el feminicidio, lo que refleja una diferencia en la percepción y tratamiento legal según el género de la víctima.
Es fundamental que los esfuerzos para combatir la violencia se enfoquen en generar condiciones que prevengan su normalización en la sociedad. Si bien es crucial sancionar adecuadamente los delitos, también es necesario promover una cultura de igualdad y respeto que trascienda las clasificaciones legales y aborde las raíces de la violencia en todas sus manifestaciones.
